La Justicia argentina ha dictado una condena de tres años de prisión a un agente de la Policía Federal en Neuquén, identificado como Carlos Ezequiel, tras ser hallado culpable de abusar sexualmente de una compañera de trabajo. Los hechos se desarrollaron el 5 de agosto de 2023 en las instalaciones de la Policía, ubicadas en Santiago del Estero al 100. Este fallo no solo implica una pena privativa de libertad, sino también una considerable compensación económica a la víctima, quien recibirá 4 millones de pesos como parte de un acuerdo homologado por el Tribunal Oral Federal. Este acuerdo tiene como objetivo principal evitar la revictimización de la afectada, un enfoque cada vez más común en casos de violencia de género.
El caso ha suscitado una importante repercusión social, no solo por la naturaleza del delito, sino también por las implicaciones que tiene sobre la estructura de la Policía Federal. A lo largo del proceso judicial, se evidenció la falta de acción de un ex policía, quien no reportó el abuso a sus superiores. Este segundo implicado enfrentará una sanción económica de 600 mil pesos por su complicidad, lo que añade otro nivel de responsabilidad a un caso que ha puesto en tela de juicio los mecanismos de denuncia dentro de la fuerza policial.
Según los informes judiciales, el primer ataque se produjo en la cocina de la delegación, donde Ezequiel manoseó a su subalterna. La víctima, al intentar escapar hacia la oficina de guardia, fue nuevamente acorralada por su agresor, quien solo se alejó al llegar otros tres colegas. Esta situación revela la cultura de silencio y complicidad que puede existir dentro de las instituciones, donde el miedo y la desconfianza pueden paralizar a las víctimas.
Más tarde, el mismo día, el abusador continuó con su conducta delictiva. A las 16 horas, volvió a acosar a la mujer, y en un episodio más grave, ingresó a la habitación donde la agente descansaba y la tomó por la fuerza nuevamente. La mujer logró zafarse de la situación al amenazar con gritar, un acto de valentía que subraya la gravedad de los acontecimientos y la desesperación en la que se encontraba.
La denuncia fue presentada por la víctima, aunque inicialmente no recibió el apoyo esperado de un compañero que prometió escalar la situación a su superior. Este agente, en lugar de actuar de manera decisiva, terminó obstaculizando el proceso al negarle la posibilidad de realizar la denuncia directamente. Este hecho ha sido objeto de análisis por parte de la justicia, que ha cuestionado la responsabilidad de aquellos que, en lugar de proteger a la víctima, contribuyeron a su silencio.
El juez del Tribunal Oral Federal resaltó que los superiores no tuvieron conocimiento del abuso debido a la falta de un protocolo adecuado para canalizar las denuncias. Solo gracias a la intervención de una cabo se formalizó la denuncia, lo que permitió activar los mecanismos institucionales para abordar este tipo de delitos. La abogada de la víctima ha señalado que la investigación comenzó en la justicia ordinaria, pero fue transferida a la esfera federal, lo que resalta la complejidad y la sensibilidad del caso.
La defensa de la víctima ha enfatizado que, a pesar de las dificultades, ella estuvo siempre informada sobre el avance del proceso judicial. La decisión de aceptar el traslado a otra provincia fue tomada en un contexto en el que someterla a un juicio oral podría haberla expuesto a un trauma adicional. Esta perspectiva es fundamental para entender el camino que ha recorrido la víctima y la necesidad de establecer mecanismos de protección y asistencia que respeten su bienestar y dignidad a lo largo de todo el proceso judicial.
