En Argentina, para que un hogar se clasifique entre el 10% con mayor capacidad adquisitiva, necesita generar ingresos mensuales superiores a $3.644.000. Esta cifra, revelada en el cuarto trimestre de 2025 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), establece el umbral mínimo para pertenecer al decil más elevado de la población, evaluada en 31 de los principales aglomerados urbanos del país. Este dato no solo refleja la situación económica de un segmento privilegiado, sino que también pone de manifiesto las profundas desigualdades que caracterizan al mercado laboral y a la distribución de la riqueza en la Argentina.

Dentro de este exclusivo grupo, los ingresos familiares muestran una notable dispersión. Mientras que algunos hogares apenas superan el umbral mínimo, otros alcanzan cifras exorbitantes, que pueden llegar hasta $25.900.000 mensuales. El ingreso promedio de estas familias se sitúa en $5.621.438, una cifra que revela la enorme brecha que existe en comparación con el resto de la población. En total, el décimo decil está compuesto por 1.004.001 hogares, lo cual representa aproximadamente el 10% del total de los hogares en el país y abarca a 3.460.545 personas, es decir, el 11,6% de la población analizada.

La heterogeneidad en los ingresos de este segmento es un fenómeno que no puede ser ignorado. Conviven familias que apenas logran superar el umbral mínimo con otras que multiplican sus ingresos hasta en cien veces. Esta gran diversidad no solo pone de manifiesto la concentración de la riqueza, sino que también evidencia las marcadas diferencias que existen dentro de un mismo estrato socioeconómico. Esta situación se torna aún más preocupante al considerar que, en un contexto de crisis económica, las brechas de ingreso se amplían, afectando a sectores que ya de por sí están en desventaja.

Al contrastar este decil con los niveles inmediatamente inferiores, la distancia se vuelve aún más alarmante. Por ejemplo, el noveno decil incluye a los hogares cuyo ingreso oscila entre $2.670.000 y $3.644.000, con un promedio de $3.095.222. En contraste, el octavo decil tiene un ingreso promedio de $2.367.780, partiendo de un rango que va de $2.100.000 a $2.670.000. En el extremo opuesto, el primer decil, que agrupa a los hogares con menores ingresos, presenta cifras que van desde $3.000 hasta $566.000, con un promedio de apenas $374.278, lo que ilustra de manera contundente la disparidad de recursos en el país.

A nivel general, el 62,6% de la población, equivalente a unos 18,8 millones de personas, reportó algún tipo de ingreso, cuyo promedio fue de $1.011.863. Al desglosar por estratos, los ingresos individuales promediaron $351.028 en los deciles más bajos, mientras que los sectores medios registraron un promedio de $940.586 y los más altos, que incluyen a los deciles 9 y 10, alcanzaron los $2.476.247. Además, se evidencian diferencias por género, ya que los hombres tienen un ingreso promedio de $1.191.364, en comparación con los $838.336 de las mujeres.

Dentro de la población ocupada, el ingreso promedio se sitúa en $1.068.540, con una mediana que alcanza los $800.000. En el ámbito laboral asalariado, que comprende a 9,5 millones de personas, el ingreso medio es de $1.082.635, aunque esta cifra varía considerablemente dependiendo de la formalidad del empleo. Aquellos que realizan aportes jubilatorios perciben un promedio de $1.321.353, mientras que los que no cuentan con tales descuentos tienen un ingreso medio de $651.484. Esto demuestra que la formalización laboral sigue siendo un determinante clave en la calidad de vida de los trabajadores.

Por último, un dato relevante es que el ingreso laboral constituye el 79,2% del total de los ingresos en los hogares, mientras que las fuentes no laborales representan el 20,8%, siendo esta última categoría más predominante en los sectores de menores recursos. En términos de desigualdad, el índice de Gini de ingreso per cápita familiar se ubicó en 0,427 en el cuarto trimestre del año pasado, lo que sugiere una ligera mejoría en comparación con períodos anteriores. Sin embargo, este indicador sigue reflejando una realidad de desigualdad que demanda atención y medidas efectivas para su mitigación.