La Justicia de La Plata ha emitido un fallo en un caso que involucra a una pareja que aspiraba a construir su hogar ideal, pero que se encontró con serias deficiencias estructurales en la obra. La sentencia condenó a los responsables de la construcción a abonar 70 millones de pesos por daños materiales y morales, así como otros costos adicionales derivados del juicio. Este caso pone en relieve la importancia de la correcta ejecución de proyectos de construcción y el cumplimiento de los contratos establecidos entre las partes involucradas.
La problemática se originó cuando, en septiembre de 2024, la pareja decidió iniciar acciones legales contra el constructor y su cónyuge, quienes estaban involucrados en la gestión de la obra en Villa Elisa, un barrio del partido de La Plata. El contrato fue firmado en diciembre de 2021 y establecía un plazo de 24 meses para la finalización de la construcción. Sin embargo, la pareja denunció que el avance de la obra nunca superó el 30% y que, además, presentaba múltiples fallas estructurales que ponían en riesgo la habitabilidad de la futura vivienda.
Los fondos utilizados para la construcción de la casa provenían del esfuerzo conjunto de la pareja, lo que añade un componente emocional significativo al caso. En su demanda, argumentaron que no solo debían ser indemnizados por los daños materiales, que sumaban 70 millones de pesos, sino también por el impacto emocional que la situación les había ocasionado, estimado en 10 millones de pesos. Además, solicitaron un resarcimiento por daños punitivos de 7,5 millones de pesos, con el fin de obtener una compensación justa por todas las pérdidas sufridas.
Para respaldar su reclamación, la pareja presentó un informe técnico elaborado por una arquitecta matriculada, que detallaba las graves deficiencias estructurales encontradas en la obra. Entre los problemas señalados se incluían el inadecuado espesor de las losas, la incorrecta armadura de las columnas, vigas de altura insuficiente y deformaciones en varios elementos de la estructura. Estos hallazgos fueron fundamentales para la resolución del juez, quien se basó en ellos para determinar la responsabilidad de los demandados.
Por su parte, la defensa de los acusados, presentada en mayo de 2025, intentó desestimar la legitimidad del reclamo, argumentando que el contrato solo generaba obligaciones entre las partes firmantes y que el plazo de vigencia había finalizado sin que se pudiera atribuir responsabilidad al profesional. Sin embargo, el juez desestimó estos argumentos, reafirmando que ambos demandados habían tenido una participación activa en la gestión del proyecto y que la vivienda formaba parte del patrimonio común de la pareja.
El expediente judicial dejó en claro que, a pesar de las defensas presentadas, la obra quedó inconclusa y que los informes periciales corroboraron la existencia de fallas estructurales serias. Expertos en arquitectura e ingeniería civil confirmaron que las deficiencias en el diseño y la ejecución comprometían no solo la seguridad de la vivienda, sino también su viabilidad. La resolución del juez, al rechazar los planteos de falta de legitimación, subraya la necesidad de que los profesionales de la construcción cumplan con los estándares de calidad y seguridad requeridos, así como el respeto por los acuerdos contractuales establecidos.
Este fallo no solo representa un precedente importante en el ámbito de la construcción y el derecho civil, sino que también refleja la vulnerabilidad de los consumidores ante situaciones de incumplimiento contractual. La justicia ha tenido un papel crucial en la protección de los derechos de los ciudadanos, asegurando que aquellos que se ven perjudicados por la falta de cumplimiento en obras de construcción puedan recibir una compensación justa y adecuada. En un mercado donde los sueños de muchas familias dependen de la correcta ejecución de estos proyectos, es fundamental que se establezcan mecanismos que garanticen la transparencia y la responsabilidad en la construcción de viviendas.
