La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha tomado una medida contundente al requerir al arquitecto Matías Tabar, quien se desempeñó como contratista en obras de remodelación en la vivienda del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La intimación, emitida recientemente, exige que Tabar presente toda la documentación que respalde sus ingresos y su actividad económica, en un contexto que se torna cada vez más complejo debido a las declaraciones que realizó en el ámbito judicial, donde afirmó haber recibido un total de 245.000 dólares en efectivo por los trabajos sin emitir facturas.

Este desarrollo se enmarca dentro de la investigación que está llevando a cabo el juzgado federal de Ariel Lijo sobre la situación patrimonial de Adorni, quien enfrenta acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La ARCA ha otorgado a Tabar un plazo de diez días para que justifique sus ingresos correspondientes a los años 2024 y 2025, detalle su actividad económica, y aporte información sobre la facturación, las compras realizadas a proveedores, así como la documentación relacionada con las obras en la propiedad situada en el country Indio Cuá.

Las declaraciones de Tabar, realizadas en mayo ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, han complicado significativamente la situación legal de Adorni. El arquitecto no solo reveló el monto total de las obras, sino que también especificó que el pago fue realizado completamente en efectivo, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia y legalidad de las transacciones involucradas. Estos elementos son cruciales para la investigación, ya que la falta de comprobantes fiscales genera suspicacias sobre el origen de los fondos utilizados.

Tabar también comentó que las obras, que se prolongaron por alrededor de diez meses, abarcaron una serie de remodelaciones significativas, incluyendo la instalación de nuevos pisos, la renovación de baños y cocinas, así como la construcción de mobiliario específico para el quincho y reparaciones en la pileta. Este tipo de trabajos no solo implican un alto costo, sino que también son indicativos del nivel de gasto que se está cuestionando en el contexto de la investigación.

Los pagos, según lo declarado por el contratista, se realizaron en dos etapas distintas: una primera entrega de 55.000 dólares durante el año 2024 y una segunda de 190.000 dólares en 2025. Esta estructura de pagos, combinada con la falta de documentación formal, ha generado aún más dudas sobre la legalidad de las operaciones. Además, Tabar mencionó que Adorni alquiló otra propiedad dentro del mismo country durante el proceso de las obras, lo que representaría un gasto adicional estimado en aproximadamente 13.000 dólares.

Para contribuir con la investigación, Tabar ha entregado su teléfono celular a la Justicia, además de proporcionar información sobre las personas que participaron en la realización de las obras en la vivienda adquirida por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, a finales de 2024. Este gesto de colaboración podría ser clave para esclarecer los hechos y determinar la veracidad de las acusaciones que enfrentan tanto el contratista como el funcionario. A medida que avanza la investigación, se espera que surjan más detalles que podrían cambiar el rumbo del caso y la situación del jefe de Gabinete.